El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, han firmado hoy, 18 de marzo, un convenio de colaboración entre ambas administraciones para que los menores infractores cumplan medidas judiciales como prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas en servicios municipales, así como para que la Policía Local supervise la libertad vigilada y estancias de fin de semana con las familias de estos jóvenes.

La Junta de Andalucía tiene entre sus competencias garantizar los medios necesarios para la ejecución de las medidas impuestas por los jueces de Menores, tanto de internamiento como de medio abierto. Para ello, la Consejería de Justicia puede suscribir convenios con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro.

Entre las medidas de medio abierto que pueden fijar los jueces está la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas, que persiguen la reeducación de los jóvenes en situación de conflicto mediante actuaciones reparadoras a la sociedad.

Nieto ha explicado que la Consejería de Justicia tiene suscritos convenios con sesenta ayuntamientos granadinos (doscientos treinta y dos en toda Andalucía) y dos ONG de la provincia (Ciudad de los Niños y Almanjayar en Familia) donde los menores pueden desarrollar labores en servicios municipales de su propia localidad, reparando el daño causado en su entorno más cercano. Y ha agradecido a Carazo su “sensibilidad” para que el Ayuntamiento de la capital se una con el acuerdo firmado hoy.

El año pasado más de quinientos menores cumplieron ochocientas cuarenta y tres medidas judiciales no privativas de libertad en la provincia, ya que el juez puede imponer varias a un mismo menor, gracias a esta colaboración, “muchos de ellos de la capital que tuvieron que cumplirlas en otro municipio”, con el nuevo convenio se evitará que tengan que desplazarse.

La medida de régimen abierto más habitual es la libertad vigilada (trescientas cuarenta y cinco medidas el año pasado) y las tareas socioeducativas (ciento cuarenta y una) pero también tratamientos por problemas de salud mental (ciento treinta) o adicciones (ciento ocho). Una veintena realizaron en 2023 prestaciones en beneficio de la comunidad y veinticinco jóvenes pasaron por los dos Grupos Educativos de Convivencia que hay en la provincia (uno masculino y otro femenino).

El consejero ha agradecido la colaboración de las entidades locales para que los menores puedan ejecutar estas medidas que persiguen su reeducación y su recuperación para la sociedad tras una situación de conflicto a la que les han llevado diferentes circunstancias. Ha destacado que gracias al compromiso de los profesionales que trabajan con ellos, el sistema andaluz de Justicia Juvenil es un referente nacional y europeo en la materia, ya que el 80% de los menores no reincide.

Precisamente, mañana martes irá al Consejo de Gobierno el inicio del trámite del Decreto para crear el Observatorio de Justicia Juvenil de Andalucía con el fin de contar con datos, cuantitativos y cualitativos permanente actualizados de los cambios en los perfiles, tipologías de delitos y circunstancias sociales, personales y familiares de los menores infractores para adecuar la intervención a los cambios.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha defendido que “resulta conveniente la cooperación y colaboración entre la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Granada y el Ayuntamiento de Granada, con el objetivo de conseguir una intervención más eficaz con menores que están sujetos a medidas judiciales como consecuencia de una conducta infractora”.

Carazo ha señalado que las tareas a desempeñar irán desde el mantenimiento de instalaciones deportivas, limpieza y mantenimiento de jardines y parques, mantenimiento de espacios públicos y mobiliario urbano, apoyo a Servicios de Protección Civil Municipal u otras actividades relacionadas con servicios a la comunidad y a la población como acompañamiento a mayores o personas con discapacidad. También podrán prestar apoyo a distintos centros o espacios municipales donde puedan desarrollar actividades productivas u otras según necesidades, acordes al perfil de los menores y compatibles con su formación académica.

La regidora ha explicado que “las administraciones debemos colaborar en beneficio de los ciudadanos. Estos menores, por las circunstancias que sean, han tenido un tropiezo con la justicia, es nuestra obligación buscar alternativas que les ayuden a retomar el camino y salir adelante”.

El Servicio Integral de Medio Abierto (SIMA) de la provincia, gestionado por Ginso-Imeris, es el encargado de hacer un seguimiento de los jóvenes mientras cumplen las medidas, buscar los recursos para que se ejecute lo dictado por los jueces y realizar los informes para los juzgados. En Granada cuenta con veintiocho profesionales, a los que se suman otros dieciocho que trabajan en los dos Grupos Educativos de Convivencia (uno masculino y otro femenino) y tres profesionales del equipo de mediación penal, en total, medio centenar de trabajadores entre psicólogos, educadores, trabajadores sociales y mediadores.