La Universidad de Granada ha aprobado un presupuesto para 2025 de 593.000.000 euros, incrementando un 2% el presentado en 2024. Pese a las dificultades que se plantean para afrontar los gastos de personal, se mantienen las políticas destinadas al estudiantado (becas propias y servicios a la comunidad universitaria, como deportes, comedores y acción social), al refuerzo de la docencia práctica, las políticas de investigación, igualdad y mejora de los servicios TIC para asegurar la calidad de la docencia.

La planificación de la actividad universitaria se realiza teniendo en cuenta las previsiones realistas de ingresos, y aquellos correspondientes a las transferencias de la Junta de Andalucía para gastos de personal forman la mayor parte de estos. La situación actual coloca a las universidades públicas andaluzas y, en concreto, a la Universidad de Granada en un escenario presupuestario muy complicado por varias razones. En primer lugar, por el incumplimiento del Modelo de Financiación para el año 2024 y de los Acuerdos de Complementos Autonómicos del PDI y de los Acuerdos sobre la Carrera Horizontal del PTGAS. En segundo lugar, por el complicado escenario presupuestario para el año 2025. Finalmente, por la necesidad de acometer inversiones en infraestructuras.

Cumplimiento del Modelo de Financiación

En julio de 2023 se aprobó un nuevo Modelo de Financiación de las Universidades Públicas Andaluzas para el periodo 2023-2027, que recoge una cláusula de salvaguarda. Esto significa que las universidades recibirán al menos lo mismo que el año anterior más el incremento de las retribuciones del sector público y otros incrementos de costes que puedan producirse.

En mayo de 2024 se realizó el primer reparto presupuestario del sistema público andaluz para este año, con la asignación de algo más de 1.685 millones de euros para todas las universidades públicas andaluzas, lo que suponía una subida global del 2,66% respecto a 2023. Sin embargo, en el caso de la Universidad de Granada la subida fue del 1,84%. Este desfase de 0,82 puntos significa una merma de más de tres millones respecto a la cláusula de salvaguarda, una pérdida que, de no corregirse en este mismo año, sería acumulativa en los próximos ejercicios.

Además, en mayo de 2024 se reconocía que habría un segundo reparto de aproximadamente veinticinco millones de euros para completar la cláusula de salvaguarda y el fondo de nivelación, y para cubrir el coste de la consolidación en 2024 del incremento salarial del 0,5% adicional derivado del PIB 2023, que fue superior al estimado inicialmente y asciende a 1.845.860 euros en el caso de la Universidad de Granada. Este segundo reparto no se ha llevado cabo todavía.

En junio de 2024 se alcanza un acuerdo entre la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, las universidades públicas y las organizaciones sindicales que recogía un compromiso expreso de la Consejería de “cubrir las necesidades adicionales de financiación de las universidades públicas del capítulo de personal, respecto a lo acordado en el Consejo Andaluz de Universidades de mayo de 2024”. Tras la reciente resolución realizada por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, a la UGR le corresponderían aproximadamente seis millones de euros en concepto de Complementos Autonómicos para el PDI y Carrera Horizontal del PTGAS.

El pasado jueves, día 12, se informó de una propuesta de para transferir veintiún millones de euros por la Consejería para cubrir el pago de estos dos conceptos, a través de una partida ligada a proyectos estratégicos, cuya naturaleza no es consolidable y, por tanto, no estaría presupuestada en el año 2025. "La Universidad de Granada entiende que los gastos por complementos retributivos son gastos asociados a la nómina de sus trabajadores y, por definición, deben ser consolidables e incluirse dentro de los conceptos de la cláusula de salvaguarda. Ningún trabajador comprendería que un concepto retributivo acordado y firmado por todas las partes se abonara en el año 2024 pero no se hiciera en el año 2025. Además, diversos informes jurídicos cuestionan la legalidad del pago de esos complementos a través de una partida finalista prevista para fines distintos".

Sobre el escenario presupuestario para 2025

El incumplimiento de la cláusula de salvaguarda y la aplicación de obligaciones de carácter legal la sitúa en un escenario de incertidumbre y preocupación para afrontar los costes de personal de 2025, que supondrían un incremento, según las previsiones, de una cantidad de algo más de 20,5 millones de euros por resultar derivados de una obligación legal, por los incrementos de cotizaciones a la Seguridad Social; por el incremento de gastos en trienios por aplicación de la Ley Andaluza de la Función Pública, con efectos retroactivos desde 1 de enero de 2024; por los acuerdos alcanzados en materia de personal que, auspiciados por la propia Junta de Andalucía, contienen un compromiso de financiación adicional para su implantación; por el coste de la Carrera Horizontal del PTGAS, con efectos del 1 de enero de 2024; por el coste de los Complementos Autonómicos, con efectos del 1 de enero de 2024; por aplicación y cumplimiento de sentencias judiciales; y por la evaluación y retribución de los tramos reconocidos de la actividad docente (quinquenios) y de la actividad investigadora (sexenios) al PDI laboral temporal.

La Universidad de Granada asume el cumplimiento de todas sus obligaciones legales y, también, su compromiso con las políticas de promoción y estabilización de su plantilla destinada al desarrollo integral y la mejora permanente de las condiciones de trabajo, pero se ve obligada a advertir a las administraciones que la financian y, especialmente a la administración que financia a su personal, que el proyecto de presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2025 se desvía de estas previsiones y supone un riesgo de estabilidad presupuestaria a finales del año 2025.

"Paradójicamente, la Junta de Andalucía nos ha impuesto un límite de gasto de personal de 377.443.545 euros para el año 2025, cayendo en la contradicción de establecer medidas para aumentar la retribución del personal, pero fijar un límite de coste de personal inferior al gasto previsto en nuestra institución para el año 2024".

De la misma forma, y con la misma contundencia, reclaman al Ministerio de Universidades que en el próximo presupuesto empiece a corregir de una forma decidida el déficit presupuestario crónico que arrastran los campus de Ceuta y Melilla.

En este punto, es necesario precisar que la institución hace esfuerzos muy importantes para conseguir financiación a través de otras vías, aproximadamente el 30% de los ingresos son recursos propios. "Sin embargo, ante las noticias y los mensajes aparecidos sobre la existencia de superávit presupuestario, no debemos olvidar, por una parte, que las previsiones de cierre del ejercicio económico se realizan confiando en que las administraciones van a aportar las cantidades comprometidas y que se vienen reclamando, y, por otra, que la financiación adicional que consigue la universidad normalmente es finalista, es decir, debe destinarse al fin para la que ha sido concedida, proyectos de investigación o transferencia, infraestructura científica, becas, proyectos de cooperación académica, etcétera; es financiación, por tanto, que no puede utilizarse para pagar gastos de personal, los conocidos gastos de capítulo I del presupuesto".

Necesidad de inversiones en infraestructuras

"A la situación descrita hay que inocporar el estado de las infraestructuras. La UGR, que se despliega a lo largo de toda la ciudad, ha vertebrado tradicionalmente barrios y cuenta con edificios históricos de difícil y costoso mantenimiento. Algunos de ellos sufren de deficiencias estructurales que están afectando a la calidad de nuestra docencia y a nuestra actividad investigadora, tenemos centros con aulas en malas condiciones y laboratorios que han quedado obsoletos. El escenario presupuestario actual impide que se puedan abordar obras de cierta envergadura como la construcción de una nueva facultad, de un nuevo aulario o de un nuevo edificio dedicado a la investigación, actuaciones que requieren de planes de financiación a medio y largo plazo".

Ante la ausencia de un plan de infraestructuras realista en el actual Modelo de Financiación, en el año 2024 se ha concedido a la Universidad de Granada una cantidad ligeramente superior a los 0,6 millones de euros de un total de veinte millones para todo el sistema público andaluz. Por ello, se han solicitado instrumentos y mecanismos flexibles de financiación plurianual para abordar actuaciones urgentes y de calibre que solucionen los graves problemas existentes. Es necesario invertir para garantizar el futuro de la institución para competir como hasta ahora y seguir gozando de prestigio internacional. Es necesario, en definitiva, poder renovar y rehabilitar las infraestructuras que se encuentran en malas condiciones.

El actual equipo de Gobierno insiste en su intención, como ha venido ocurriendo hasta ahora, de ser leal con todas las administraciones, de seguir apostando por el diálogo y de crear sinergias con todas las instituciones, con el tejido productivo y con el resto de agentes sociales de su entorno.