Convergencia Andaluza (CA) de Almuñécar ha denunciado el incumplimiento por parte del Partido Popular (PP) desde hace doce años de una sentencia judicial para la demolición del edificio Picadilly en Almuñécar. La licencia de obras, aprobada por el alcalde popular en aquellos años, Juan Luis González Montoro, junto a "unos tránsfugas del PSOE", motivó, como ocurrió según CA con otras tantas, poner "en evidencia" licencias de obras "que se saltaron la legalidad" y un gobierno que "no se caracterizó por cumplir las normas urbanísticas".

Además de construir tres plantas de más, los andalucistas han afirmado como "el alcalde del PP se saltó todas las normas" invadiendo la zona de servidumbre de la carretera N 340. "La consecuencia fue una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declarando ilegal la licencia y ordenando la demolición".

Los trámites de ejecución de la sentencia fueron iniciados por el gobierno andalucista pero "se paralizaron nada más iniciarse el gobierno de Herrera-Ruiz Joya". Y es que, según Convergencia Andaluza, el edificio "era propiedad de la familia de una concejal del PP y amparar a los suyos tenía más valor que preservar la legalidad urbanística", han criticado los andalucistas.

Así las cosas, a lo largo de estos doce años los dos alcaldes del PP en Almuñécar "se han negado sistemáticamente a cumplir la sentencia judicial, con múltiples triquiñuelas, aprovechándose de la lentitud y poca eficacia de la administración de Justicia". Una situación que, han afirmado, no acaba ahí porque "en contra de lo marcado por la ley, en contra de los informes del asesor jurídico del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, están intentando legalizar lo ilegalizable a través del Plan de Urbanismo que han pactado con Izquierda Unida”.

De esta manera, CA ha expresado su propósito de cumplir con la legalidad urbanística ejecutando la sentencia de demolición de la estructura del edificio Picadilly, ya que "la ley debe ser igual para todos".