El pleno del Ayuntamiento de Armilla celebrado ayer, 9 de octubre, aprobó la actualización de los tipos impositivos de algunas ordenanzas fiscales tras estar congelados más de diez años. Según señaló la alcaldesa, Loli Cañavate, en su intervención el Consistorio no ha actualizado sus ordenanzas fiscales desde hace diez años y, sin embargo, durante todo ese período ha prestado los mismos servicios públicos. Los gastos municipales se han incrementado por causas como la subida del IPC, la guerra de Ucrania o la pandemia, y todo esto “hace necesario el incremento de ingresos para mantener y aumentar los servicios públicos de calidad que demanda la ciudadanía”, explicó Cañavate.

Mari Ángeles Bernabé, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida (IU), declaró que la prioridad de su grupo es garantizar la suficiencia financiera de los servicios públicos que ofrece el Ayuntamiento para que sean una realidad las políticas sociales, de vivienda e inversiones que generen empleo y atiendan a los barrios, así como recuperar y mejorar espacios públicos. "Con nuestro apoyo a estas propuestas conseguimos una estructura estable de ingresos y criterios de justicia social en los impuestos y tasas, aportando más las grandes empresas y entidades financieras en nuestro municipio".

Por su parte, la concejala de Economía, Manuela Bertos, afirmó, asimismo, en su intervención que “Armilla tiene los tipos impositivos más bajos de entre los municipios de más de 20.000 habitantes", recordando, asimismo, que la localidad lleva más de diez años sin actualizarlos, por lo que se hace necesaria la modificación de las ordenanzas que los regulan.

En este mismo sentido, aseguró que la creciente actividad económica del municipio y la importante cantidad de grandes empresas que se han instalado en el mismo ofrece la posibilidad de que la mayor parte de la carga fiscal no sea soportada por los vecinos, sino por las empresas de mayor tamaño. Por ello, se procede a la modificación de los coeficientes de situación en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que afecta solo a las empresas que facturan más de un millón de euros.

Se procedió a un incremento del tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) quesituándolo en el 0,64 que, aún así, continúa siendo el más bajo de los municipios de más de 20.000 habitantes, pero la mayor parte de la subida afecta principalmente a las grandes empresas y propietarios cuyos bienes inmuebles tienen unos valores catastrales más elevados en base al umbral mínimo para cada uso a un tipo impositivo del 1,1. Se penalizará con un recargo de hasta el 150 por ciento a los inmuebles deshabitados con carácter permanente y que pertenecen a bancos y grandes propietarios.

Por otra parte, el Impuesto de Vehículos incrementa las tarifas al 1,9 y en el Impuesto sobre Construcciones el tipo pasa a ser del 4 por ciento.

Además, se procedió a establecer nuevas bonificaciones, como la del Impuesto de Construcciones y en el IBI para favorecer la actividad medio ambiental con la instalación de placas solares. Se aumentará la renta máxima en el IBI para que las bonificaciones afecten a un mayor número de familias numerosas de categoría general y especial.

Por último, se aplicará una reducción para las licencias de terrazas en los negocios de hostelería del importe correspondiente a cuatro grupos de mesas y sillas para cada licencia autorizada.